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lunes, 30 de marzo de 2020

«Coronavirus: Impacto sobre la comunidad PyME» Por Vicente N. Donato. Università di Bologna – Fundación Observatorio PyME

Falso dilema: ANSES debe actuar velozmente 

Por Vicente N. Donato


En torno a la gestión del impacto del coronavirus, circula en los medios de comunicación y en las redes sociales un falso dilema: ¿salvar a la gente o salvar la economía? 


La pregunta está mal formulada, porque la economía y la gente son la misma cosa. Simplemente dos caras de la misma moneda. 


En Argentina tenemos 2.800.000 personas que trabajan informalmente en microempresas de menos de 10 ocupados. Y otros 5 millones que trabajan con contratos formales de trabajo en empresas con menos de 250 ocupados. Son aproximadamente 800 mil empresas, entre informales y formales. Un mundo. Este conjunto de empresas y trabajadores produce el 50% del PBI argentino, es decir que representa el 50% de la oferta productiva y de la demanda agregada del país. Otras 12 mil empresas grandes generan el restante 50 % del PBI y el 23% del empleo. 


Sin estas empresas y sin estos trabajadores, no puede existir el sistema de salud de Argentina, ni el público, ni el privado, ni el sindical. No existirían los hospitales, ni las clínicas, ni la producción de los insumos básicos para la salud, ni las exportaciones que generan los dólares con los que se importan los insumos críticos para el sistema sanitario y para todo el sistema productivo. 


En esta emergencia “coronavirus”, salvar a las empresas es salvar a la gente. Hay que mantenerlas vivas y asegurar que los trabajadores continúen cobrando sus salarios. 


Las medidas de aislamiento obligatorio tienen que ser compatibles con la continuidad del sistema productivo. Sistema de salud y sistema de producción están íntimamente vinculados y el funcionamiento de uno depende de la salud del otro. No hay dilema: no confundirse. 


El Gobierno, en buena hora, reconoció el falso dilema y lanzó una serie de medidas para sostener directamente la ocupación mediante una ayuda directa para pagar al menos una parte de los salarios de los trabajadores inactivos. 


Así como fue necesario recomponer la liquidez de las familias a través del subsidio directo de ANSES (Ingreso Familiar de Emergencia), es también correcto que ANSES apoye el salario de los trabajadores inactivos de las empresas en “hibernación”, como regula el DNU 332/2020 del 1 de abril de 2020 “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”  


La asistencia a las empresas para recomponer la liquidez a través del sistema bancario no funcionará. Sólo se perderá tiempo. El sistema financiero argentino no está preparado para enfrentar esta emergencia. 


Hay que actuar rápido y no perder tiempo con verificaciones administrativas que pueden anular el efecto de la correcta acción directa. Aunque las cantidades exactas a erogar a cada empresa no estén completamente verificadas, siempre habrá tiempo de corregirlas cuando finalice el bloqueo. Cualquier pago en exceso se podría transformar fácilmente en un préstamo de ANSES sin interés, que el Estado podrá destinar a reforzar la acción si hiciera falta o recuperar en condiciones a definir en el momento oportuno.


En esta situación de aislamiento obligatorio y de incertidumbre sanitaria y económica, por razones estructurales de larga data, sólo el 30% de nuestro aparato productivo está en condiciones de generar un flujo de caja suficiente para sostener la situación por un período superior a los 60 días. En el 70% restante, un mar de micro y pequeñas empresas, el flujo de caja es suficiente para sostener operativa la actividad por menos de 30 días. Las afirmaciones de Fundación Observatorio PyME no se basan en teoremas.  La información relativa al capital de trabajo de las empresas menores surge de las investigaciones que FOP realiza desde hace más de 20 años sobre el mundo PyME de Argentina, gracias a la desinteresada cooperación de miles y miles de empresas que responden las encuestas cada año. 


Por lo tanto, hay que preservar el aislamiento obligatorio mientras sea sanitariamente necesario y, al mismo tiempo, intervenir públicamente para sostener directamente la liquidez de las empresas, con políticas fiscales y monetarias muy agresivas. No ignoramos que estamos mucho más solos que otros países de la región para enfrentar la recesión que se agravará tremendamente este año a causa del escenario de la pandemia.  Estamos navegando aguas desconocidas de la macroeconomía global y nacional. No debería temblar el pulso al adoptar medidas drásticas para recomponer la liquidez de las empresas, evitando todo lo posible el daño patrimonial para salvar al futuro. El Estado, las empresas y los trabajadores deben lograr un acuerdo para repartir las pérdidas y sostener la producción. Hay muy buenos ejemplos de estas políticas en países muy cercanos a nosotros: los mecanismos de la “Cassa Integrazione” y los “Contratos de Solidaridad” de Italia y del “Expediente de Regulación Temporal de Empleo” de España muestran el rumbo para prevenir la mortalidad de empresas que perjudica el potencial de desarrollo del país. 


Los libros de texto de economía no alcanzan a expresar las consecuencias negativas que tiene el cierre de empresas en el desarrollo económico de un país. Pero los economistas aplicados saben muy bien que, cuando una empresa desaparece, es poco frecuente que aparezca otra que inmediatamente sustituya los activos materiales y humanos de la anterior. El cierre de empresas siempre conlleva un impacto muy negativo sobre la ocupación y las estadísticas de Argentina lo confirman. 


Si los efectos benéficos esperados del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” no fueran tales, no habrá que vacilar en reforzar la intervención. 


Las dudas provocarán desvinculaciones masivas de personal dado que el 70% de las empresas argentinas no dispone de liquidez ni de patrimonio suficiente;  los despidos provocarán más recesión y menos salud. Hoy, la amenaza de inflación es tremendamente menos importante que la amenaza de una catástrofe económica, que podría desatarse aún antes de 60 días.


*PhD. en Economía Industrial, Universitá di Bologna, Italia. Miembro del Dpto. de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitá di Bologna, Italia. Magister en Desarrollo Económico, ISVE, Italia. Posgrado de Teoría Económica, Instituto Torcuato Di Tella. Lic. en Economía, Universidad de Buenos Aires (UBA).

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