Sin saberes técnicos no habrá crecimiento inclusivo

Por Vicente N. Donato*

El Presidente de la República en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso año 2021 anunció: “Vamos a sumar 30.000 jóvenes para que se capaciten y lleven adelante prácticas laborales en 10.000 PyME de todo el país. Vamos a dar asistencia técnica e incentivos a las empresas para la contratación formal de esos jóvenes”.

El inicio de este programa anunciado por el Presidente es una excelente noticia, cuya correcta implementación toda la sociedad argentina deberá seguir con interés para velar colectivamente por el logro de resultados reales. Los jóvenes necesitan capacitarse realizando válidas experiencias prácticas para mejorar su futuro laboral y las PyME necesitan identificar jóvenes motivados y capacitados para cubrir sus puestos vacantes.

Las estadísticas de FOP muestran efectivamente que la falta de experiencia de los postulantes es la principal dificultad que encuentran las PyME para cubrir los puestos vacantes y el principal problema que encuentran los jóvenes en la búsqueda del primer empleo (ver Informe Especial de FOP de octubre 2019 “Demanda de capacidades técnicas y productividad de las PyME”)

Este doble desafío (para jóvenes y PyME) es especialmente acuciante en el área de la formación técnica y el tema será abordado en la próxima Conferencia Nacional de FOP en el mes de mayo, cuyo título es justamente: “Vinculación PyME-Escuelas Técnicas como motor del desarrollo inclusivo”.

Saberes técnicos: escuela + “aprender haciendo”

La creciente insuficiencia de saberes técnicos -esos saberes que en gran medida “se aprenden haciendo”, sobre los cuales se articulan y se sostienen las actividades productivas operativas en todo el mundo- aparece evidente en las estadísticas del segmento PyME.

La escasez de conocimiento técnico en Argentina es, sin exagerar, dramática. Es bueno saberlo, y ponerlo en debate, porque este límite impide el desarrollo de actividades con agregación de valor y el aumento de la competitividad internacional de nuestras empresas, especialmente de las más pequeñas, cada vez más necesarias para un desarrollo inclusivo como el que todos aspiramos.

Una comprobación estadística de esta insuficiencia surge de la propia base de datos de FOP: durante los últimos 15 años, a pesar de que la cantidad de PyME industriales demandantes de trabajadores técnicos disminuyó un 81%, el número de aquellas que informan alta dificultad para cubrir los puestos técnicos vacantes aumentó 13%: cayó drásticamente la demanda de trabajo técnico, pero las pocas PyME que aún siguen buscando encuentran crecientes dificultades.

Podría pensarse de manera razonable que la dificultad para cubrir los puestos vacantes se origina en el bajo salario ofrecido por las empresas más pequeñas. Pero la misma estadística desmiente esta hipótesis: sólo en el 30% de los casos la pretensión del postulante por un mayor salario que el ofrecido es el origen del problema. En cambio, el 66% de las PyME declara que el problema para cubrir los puestos vacantes es la falta de experiencia de los postulantes y el 64% la falta de competencias técnicas (habilidades “duras”).

Esta creciente dificultad para cubrir los puestos vacantes produce graves daños a la estructura productiva de las PyME de nuestro país: el 50% de las empresas informa que los puestos vacantes provocan la caída de la productividad y el incremento de los costos operativos y el 34% declaran que impide la innovación de los procesos y el lanzamiento de nuevos productos.

No será posible aumentar las exportaciones manufactureras ni sustituir importaciones para alivianar la restricción externa que no nos deja crecer sin deuda, si no se presta adecuada atención al tema de la educación técnica. Alemania, Italia y Japón han basado el dinamismo exportador de sus empresas más pequeñas sobre la ventaja competitiva de sus recursos humanos técnicos. Hoy esta estrategia es oficialmente promovida por la OECD y la UE.

Una Ley vigente que reclama plena aplicación

Afortunadamente, Argentina tiene un muy buen instrumento disponible para reforzar la capacitación laboral de los futuros técnicos, que está actualmente subutilizado y cuya dinamización para incentivar la “producción” de jóvenes técnicos bien formados y aumentar la oferta de estos saberes en todos los territorios del país, no le costaría prácticamente nada al Estado Nacional.

Como ocurre muchas veces en nuestro país, se promulga una Ley y después quedamos con los brazos cruzados a esperar que se cumpla por sí misma. Este es el caso de la Ley de Educación Técnica Profesional Nº 26.058 de 2005, reglamentada en 2013, que establece que los estudiantes del último año de las escuelas secundarias técnicas, para completar su formación, deben realizar obligatoriamente una práctica profesionalizante en un “ambiente real de trabajo”, dispuesta en un mínimo de 200 hs. reloj por la Resolución 47/08 del Consejo Federal de Educación.

A diferencia de la Ley 26.427 que regula las pasantías, obligatoriamente remuneradas, la Ley de Educación Técnica Profesional establece que la “practica profesionalizante” es una práctica educativa, no laboral, y que por lo tanto no debe ser remunerada por las empresas. El estudiante practicante además está protegido por un seguro escolar del Ministerio de Educación. En síntesis, ningún costo para las empresa, pero sí la responsabilidad de asignar un tutor para el seguimiento del estudiante.

La Ley 26.058 no se cumple actualmente en su real espíritu, porque mucho más de la mitad de los estudiantes de las escuelas técnicas realiza su “práctica profesionalizante” en el interior del mismo establecimiento escolar, anulando de esta manera la excelente oportunidad de realizar una experiencia formativa en el mundo productivo real  y el desarrollo de las habilidades relacionales que los jóvenes podrían adquirir realizando su práctica en los establecimientos productivos de su propio lugar de residencia.

La principal dificultad para cumplir con el espíritu de la Ley es que no siempre las autoridades escolares están en condiciones de conseguir los “puestos” en las empresas aledañas a la escuela para todos los estudiantes del último año. Esto es más resaltante en las PyME, más numerosas y con frecuencia difíciles de ubicar por las escuelas, y donde la mayor heterogeneidad tecnológica se combina con la riqueza de aprendizajes directos que los jóvenes pueden obtener.

La otra dificultad es que la disponibilidad de las empresas a recibir a los estudiantes practicantes de las escuelas cercanas se ve afectada negativamente en parte por un desconocimiento de la legislación (confundiendo “pasantías” con “prácticas profesionalizantes”), al presuponer un riesgo laboral y civil, además de los costos y el esfuerzo que implica dedicar un tutor para el seguimiento de los jóvenes dentro del establecimiento.

La situación actual es que son las grandes empresas las que conocen la legislación y además pueden asumir la responsabilidad y los costos de gestión de formar a los estudiantes. Pero este esfuerzo de las grandes empresas y algún puñado de PyME disponibles es insuficiente para que todos los jóvenes cada año realicen su práctica formativa en el sector productivo. Solo en el segmento de las Escuelas Técnicas no agropecuarias, cada año quedan entre 25.000 y 30.000 jóvenes sin poder realizar su práctica profesionalizante “en un ambiente real de trabajo” como marca la Ley 26.058.

El programa anunciado por el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, si es correctamente ejecutado, puede contribuir a resolver la problemática premiando a aquellas PyME que muestren capacidad técnica y disponibilidad para transformarse en centros de formación para los jóvenes estudiantes practicantes. Las empresas disponibles contribuirán así a generar lo que los economistas denominan una “externalidad positiva”, es decir, un beneficio social del cual no se apropia la empresa que lo produce pero que sí contribuye al mejor desarrollo del sistema productivo y al crecimiento sostenible de nuestro país.

Este será el tema central de la próxima Conferencia de FOP, promovida por el Consejo Empresario de la Fundación para impulsar las mejores conexiones entre el sector empresarial y el sector educativo y de la cual participarán autoridades públicas, empresarios, educadores, expositores internacionales, expertos, investigadores y periodistas especializados. ¡Preparémonos para un mayor conocimiento recíproco entre empresas, educadores y estudiantes!

*PhD. en Economía Industrial, Universitá di Bologna, Italia. Miembro del Dpto. de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitá di Bologna, Italia. Magister en Desarrollo Económico, ISVE, Italia. Posgrado de Teoría Económica, Instituto Torcuato Di Tella. Lic. en Economía, Universidad de Buenos Aires (UBA).