Informe Especial: La mejor política para incentivar el empleo

Promediando todo el universo de las PyME manufactureras la estadística marca que un 43% solicita la disminución de la presión fiscal sobre el trabajo, 21% reducción de la litigiosidad laboral y costos contingentes (costo por indemnizaciones y demás), 19% creación de un fondo para el cese laboral o financiamiento para las indemnizaciones, un 6% promoción de la capacidad técnica especializada y un 11% otras políticas.

Es importante destacar que estas estadísticas no cambian por tamaño de empresa ni por sector de la industria manufacturera; es decir que las mismas representan todo el arco dimensional y sectorial del mundo PyME industrial.

Desplazando el análisis a las preferencias de las PyME del sector del software y los servicios informáticos, que no cesan de registrar un excelente desempeño desde hace años (en promedio anual desde 2019, ventas +20% y empleo +3.5%), se observa que el 63% prefiere la disminución de la presión fiscal sobre el empleo en lugar de otras políticas (en particular, aquellas empresas que no se encuentran inscriptas en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento).

Estas preferencias de políticas para la creación de empleo por parte de las PyME no constituyen una novedad para el mundo empresario. Trabajos de investigación anteriores realizados por FOP muestran que el proceso de incorporación de nuevos trabajadores en las empresas no se relaciona tampoco con el nivel de deuda de las empresas ni con el acceso al financiamiento, sino principalmente con la reducción de las contribuciones patronales.

El Titulo IV que trata sobre la promoción de empleo registrado incluido en el proyecto de la llamada “Ley Bases”, trata de resolver la problemática de las multas por la falta o defectos de registración de la relación laboral que incentivan la litigiosidad. Además, en el Título V sobre la modernización laboral, se establece un Fondo de Cese Laboral para sustituir las indemnizaciones previstas por ley, aunque su real alcance parece ser bajo.

Ambas propuestas constituyen un avance, pero serán insuficientes para consolidar la capacidad competitiva de las PyME en el mercado internacional, tanto para soportar la presión importadora que irá en aumento con la progresiva apertura económica,como para mejorar la capacidad exportadora, que tanto necesita Argentina para mejorar la disponibilidad de divisas.

La reducción de la carga fiscal sobre el trabajo no implica necesariamente un aumento del déficit fiscal; por el contrario, existen mecanismos técnicos a través de cuyo diseño aumentaría la recaudación tributaria de la mano de la incorporación de más trabajadores registrados y la creación de nuevas empresas.